Dos artículos que vale la pena conocer y analizar porque abordan temas centrales del sistema electoral costarricense.
Revisar el financiamiento
Manuel Rojas Bolaños *
Ha quedado claro que es excesivo el monto del 0,19% del PIB fijado en el artículo 96 de la Constitución Política, como contribución del estado al financiamiento de las campañas electorales. Podría ser mucho menor; seguramente entre el 0,08% y el 0,11% del PIB sería suficiente. La desaparición de las plazas públicas y la pérdida de importancia de la propaganda en medios significa una considerable reducción de los gastos, reducción que podría ser mayor si se da un paso adelante para hacer más equitativa la presencia de los partidos en televisión, radio y prensa escrita. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) podría destinar una suma para hacer la contratación de espacios, que se distribuirían de acuerdo a una fórmula que combine el peso electoral de los partidos establecidos y la necesidad de los nuevos de darse a conocer. Vale la pena revisar la experiencia de México en este aspecto.
Los bancos se han convertido en actores de primer orden en los procesos electorales. A ellos deben recurrir los partidos para negociar adelantos, generalmente en condiciones desfavorables. Los bancos sueltan el dinero o lo retienen de acuerdo con criterios de bolsa, es decir, de rentabilidad de la inversión. Esta intervención distorsiona el principio constitucional, pues en la búsqueda de financiamiento real y oportuno, los partidos caen en manos de bancos que, además de ganar mucho dinero con las operaciones, pueden torcer los resultados finales de un proceso electoral, según abran o cierren la llave del financiamiento. El uso de las encuestas políticas para la reducción del riesgo ha mostrado sus límites en un escenario donde un sector considerable del electorado no emite opinión. Se impone entonces una revisión a fondo del mecanismo definido por el TSE.
De acuerdo con informaciones de medios, los votos en el exterior triplicaron el costo estimado, debido a que solamente se presentaron a votar 2.771 personas, de las 12.654 que se habían inscrito. La alta inversión y los magros resultados obtenidos, a pesar de su interesante significado simbólico, también obliga a replantear el procedimiento.
En un mundo donde a diario ocurren innovaciones en las tecnologías de información y comunicación seguramente se podrán encontrar otras formas seguras de involucrar en los procesos electorales a las poblaciones de ticos en el exterior, que no demanden traslados tan costosos de personal y de material para el fisco. Pero también costos elevados en tiempo y dinero para muchos de los posibles votantes, porque no viven cerca de los consulados donde se instalaron las mesas de votación. El sistema implementado conlleva entonces un principio de discriminación que debería eliminarse.
Tres aclaraciones a don Manuel Rojas
Gustavo Román Jacobo *
Son inconstitucionales, por lo demás, formatos como los que sugiere de voto remoto o postal, pues ninguno de ellos asegura la secretividad del sufragio (y por ende su libertad) consagrada por nuestra Constitución Política. Hay que hacer tres breves precisiones:
1) En cuanto al costo del voto en el extranjero, le aclaro que el TSE no puede presupuestar procesos tomando en cuenta los probables votantes en una elección (sobre la base de estimaciones de la abstención), sino a partir del padrón electoral íntegro, sencillamente porque la posibilidad de votar para los ciudadanos, en suelo nacional o en el extranjero, no es una concesión simbólica de parte del Estado, sino un derecho que imperiosamente debe garantizarse. Además, el voto en el extranjero fue un programa austero (65 millones de colones), muy por debajo del costo que tiene para varios países latinoamericanos, con un valor por elector de 10 dólares (solo un dólar más que el costo por elector de instalar mesas de votación en comunidades indígenas, sin que, a la fecha, nadie haya sugerido que la abstención en estas justifique replantearse la conveniencia de la inversión). Son inconstitucionales, por lo demás, formatos como los que sugiere de voto remoto o postal, pues ninguno de ellos asegura la secretividad del sufragio (y por ende su libertad) consagrada por nuestra Constitución Política.
2) El modelo de certificados de cesión (bonos) y su relación con el resultado de las encuestas de opinión no es el “mecanismo definido por el TSE”, sino el establecido en el Código Electoral de 2009 -ajeno a la propuesta de reforma del TSE, que no lo contemplaba- por decisión de todas las agrupaciones políticas que integraron la comisión legislativa que dictaminó el proyecto de Código en el cuatrienio 2006-2010. Más bien, este sistema de bonos ha sido calificado como “mecanismo perverso” por la presidencia del TSE. Aún más, ya el TSE ha presentado un proyecto de ley para su supresión definitiva. Una y otra cosa, por cierto, son de conocimiento público.
3) Finalmente, le informo a don Manuel que la propuesta que sugiere para bajar el costo de las campañas y hacerlas más equitativas, mediante un formato en el que se combine el caudal electoral de cada agrupación con la necesidad de los nuevos partidos de darse a conocer, no necesita remitirse a México. Es un calco de las propuestas que al efecto hizo el TSE en el proyecto de Código Electoral de 2001 (que, pese a ser aprobado en 2009, desechó esa iniciativa en particular), y en el proyecto de reforma presentado en abril de 2013 (con franjas electorales). Sobre todo en esta última oportunidad, echamos de menos el respaldo, con una columna siquiera, por parte de analistas y formadores de opinión, que guardaron silencio cuando el TSE enfrentó, solo, la sobredimensionada reacción de los medios de comunicación en los que publican, comentan y analizan.
*Asesor Político, TSE.
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Artículo del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones sobre el voto en el exterior
Siguen siendo costarricenses Luis Antonio SobradoEl 2 de febrero del 2014 pasará a la historia como la fecha en la que, por vez primera, los costarricenses pudieron votar desde el extranjero. La democracia más antigua y estable de Latinoamérica arrastraba esa deuda con su población migrante, con un sector de nuestro pueblo sistemáticamente invisibilizado.
Por décadas negamos la realidad de que muchos, miles de compatriotas, por una u otra razón, habían debido dejar el suelo nacional para irse a vivir a otras tierras. Esa negación se traducía en exclusión: sencillamente quedaban al margen de una decisión que nos incumbe a todos los hijos de Costa Rica: no olvidemos que estos amigos, vecinos y familiares, suyos y míos, aunque se hayan ido lejos, siguen siendo costarricenses.
En relación con este paso gigante de la democracia costarricense, haré tres consideraciones, sobre el cómo, el cuánto y el por qué, del voto en el extranjero implementado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Seguridad. El TSE, conforme al mandato establecido en el Código Electoral de 2009, instaló 61 juntas receptoras de votos en 41 países y 52 consulados, bajo los más estrictos estándares técnicos de gestión electoral y con todas las garantías necesarias para el libre ejercicio del sufragio, velando siempre por un traslado seguro del material electoral y facilitando la más amplia fiscalización partidaria de todo el proceso.
Más del 98% de los 12.654 costarricenses empadronados para votar en el extranjero, tenían asignado a un funcionario experimentado del TSE para recibirles el voto (los demás tenían que votar en mesas regidas por representantes de los partidos políticos o por funcionarios consulares, todos bajo imperioso deber de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones electorales).
Cuatro partidos acreditaron 35 fiscales en las juntas instaladas en el extranjero; todas las papeletas que salieron del país regresaron (ya se hizo el escrutinio de esas juntas en la sede central del TSE en San José y los fiscales partidarios fueron testigos de la absoluta corrección y transparencia de todo el proceso. ¡Ni una demanda de nulidad se presentó contra los resultados de esas mesas!
Derecho y austeridad. El país invirtió solo 65 millones de colones en este esfuerzo. Eso es menos de lo que le cuesta a un partido político la producción y pauta de un par de anuncios en televisión y radio. Si eso nos parece un gasto excesivo, por llevar las elecciones a nuestros compatriotas que están lejos de casa, quizá no hayamos comprendido bien el valor de la democracia.
El costo del voto en el extranjero por elector (el TSE no puede presupuestar sus procesos sobre la base de estimaciones de la eventual abstención), es de apenas 10 dólares, por debajo de su valor en otros países de la región (por ejemplo Panamá, que invierte 17 dólares por elector en el extranjero) y solo un dólar más costoso que el gasto por elector de instalar mesas de votación en comunidades indígenas (sin que, a la fecha, la abstención en ellas haya sido invocada por nadie como razón que justifique replantearse esa inversión).
Y esta es la consideración más importante. Instalar estas juntas receptoras de votos no es una concesión graciosa que el Estado costarricense ofrece a sus ciudadanos en el extranjero. Al hacerlo, el TSE cumple con una obligación legal (eso sí, la cumple con entusiasmo patriótico y el orgullo de haber sido el impulsor de la reforma que hizo posible este avance).
La historia de Costa Rica es la historia de una democracia que, con los años, se ha ido haciendo más y más inclusiva. Incorporando, primero , a los hombres iletrados y de escasos recursos; luego a las mujeres, y después a los indígenas, a los privados de libertad y a las personas de la tercera edad residentes en asilos.
También, se les facilitó el ejercicio del voto (en condiciones de igualdad) a las personas con alguna discapacidad.
Desde lejos. Poco a poco, hemos ido derribando como sociedad las barreras que excluyen y marginan a la gente de participar en la decisión de todos, en la decisión democrática. Por eso ya era hora de que “la patria peregrina, que no por peregrina es menos patria” (Tabaré Vásquez), pudiera votar también.
Sencillamente, la posibilidad de votar es un derecho que tienen todos los costarricenses, sin importar que vivan en Costa Rica o en otro país, porque cuando uno se va, pierde muchas cosas, pero no se arranca su patria. El vínculo se mantiene, más hoy, gracias a las tecnologías de la comunicación. Está quien envía en remesas el fruto de su esfuerzo y del dolor de la distancia.
El orgullo y el pesar por lo que aquí ocurre, se siente quizá incluso de forma más intensa por los costarricense en el extranjero.
Pero, sobre todo, existe el anhelo por una Costa Rica mejor no se queda tirado en el aeropuerto, ni en Peñas Blancas o en Paso Canoas. Ese sueño se va con uno, porque va por dentro.
Por tanto, aunque la abstención en esas mesas haya sido elevada y sus causas deban analizarse, esa no es razón (ni para los que votamos en aquí ni para los que votan allende las fronteras) para suprimir un derecho fundamental y dar, así, un paso atrás en nuestra madurez democrática como pueblo.
El próximo 6 de abril Costa Rica se levantará a votar no solo en Esparza y en Barva sino, también, en Londres y en Los Ángeles, porque en cualquier lugar del mundo donde haya un costarricense, hay un ciudadano con todo el derecho de hacerse escuchar en esta democracia que tanto nos enorgullece a todos.